El cambio climático: el calentamiento es innegable

RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - EL PAÍS .- 26/12/2006

AVANCE DEL INFORME OFICIAL DE NACIONES UNIDAS

2.500 científícos prevén nuevas olas de calor, deshielos y subidas del nivel del mar
El informe asegura que parte del calentamiento ya no puede ser evitado y que los cambios durarán siglos

MÁS CALOR.

La temperatura ha subido de forma drástica en el último siglo. Seis de los siete años más cálidos desde que hay registros se han sucedido desde 2001.

MENOS NIEVE

La pérdida de nieve es generalizada en todo el mundo. El hemisferio norte ha perdido un 5% de nieve desde el año 1966.

SUBE EL MAR.

El nivel del mar sube por el deshielo de los glaciares y el aumento de la temperatura. Desde 1961, el mar ha subido unos 0,8 milímetros al año.


El planeta se calienta de forma innegable y el hombre tiene buena parte de la culpa. Parte del calentamiento ya es inevitable y el nivel del mar seguirá subiendo durante más de un siglo incluso si mañana se eliminan las emisiones de gases de efecto invernadero. Ése sería un resumen del Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés), un grupo de más de 2.500 científicos organizado por Naciones Unidas, y que presentarán en 2007 sus conclusiones sobre el calentamiento global.


"La concentración de gases de invernadero en la atmósfera es la mayor en 650.000 años"

Los modelos prevén un aumento de tres grados en un siglo, sin excluir subidas de más de 4,5

"Es muy improbable que el calentamiento observado se deba a la variabilidad del clima"

El informe, el cuarto que emitirá este organismo, aumenta el grado de precisión sobre el conocimiento del cambio climático y su grado de atribución al hombre respecto al último informe, de 2001.

De forma confidencial, aunque sometido a la revisión de científicos de la ONU o los Gobiernos, los mejores expertos en cada campo preparan desde hace años tres informes: uno sobre la ciencia del calentamiento, otro sobre el impacto en la Tierra y un tercero sobre la tecnología para mitigarlo. Los informes se basan en la bibliografía científica. La discrepancia científica, si existe, queda reflejada.

El informe del IPCC supone el mínimo común denominador científico sobre el calentamiento. La redacción final del texto puede cambiar en una cumbre en París en los primeros días de febrero (y en otras posteriores para el segundo y el tercer informe). Sobre todo puede variar un resumen para políticos, que es aprobado frase a frase, ya que los gobiernos miden cada palabra. En EE UU es importantísimo si el calentamiento se atribuye al hombre directamente o con alguna incertidumbre.

Aun así, el informe de las bases científicas del calentamiento -el primero y más importante- está listo. Naciones Unidas se lo ha enviado a un grupo selecto de expertos y a los Gobiernos para su lectura. Pero ya no pueden comentarlo. Todas las páginas llevan un mismo pie: "No citar".

LA SITUACIÓN
Seis de los siete años más cálidos, desde 2001

El informe destaca que el calentamiento es innegable. "2005 y 1998 fueron los años más cálidos desde que hay registros. Seis de los siete años más cálidos han ocurrido desde 2001. La temperatura media de la superficie ha aumentado desde 1850", afirma uno de los borradores a los que ha tenido acceso EL PAÍS. "Las observaciones en el océano, la atmósfera, la nieve y el hielo muestran datos coherentes con el calentamiento". "La temperatura del aire en zonas terrestres han subido el doble que en el océano desde 1979".

Además, "la temperatura del océano a grandes profundidades también ha aumentado desde 1955". Aunque la subida en el océano es muy pequeña, su importancia radica en la inmensa cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura del mar. El número de noches muy frías (a un 10% de la temperatura media) ha descendido un 76% entre 1951 y 2003 y las noches muy cálidas han aumentado un 72%.

Además de las mediciones directas, el informe presenta los datos de reducción de nieve en el mundo: el retroceso de los glaciares ha aumentado el nivel mar unos 0,5 milímetros al año entre 1961 y 2003 y unos 0,8 milímetros al año entre 1993 y 2003. Además, la nieve en abril en el hemisferio norte ha descendido un 5% entre 1966 y 2004. El Ártico pierde cada década desde 1978 un 7,4% de su superficie helada en verano.

El calentamiento también se observa en los animales y en las plantas (desplazamiento hacia latitudes más frías, cambios en la floración, procesos migratorios, hasta cambios evolutivos). Tras analizar miles de series de todo el mundo, el 85% de ellas coinciden con el calentamiento y sólo se explican por la acción del hombre. Es decir, no son explicables suponiendo que el calentamiento responde a la variabilidad natural del clima.

Si la temperatura sube, el mar se eleva -al calentarse aumenta de volumen-, la nieve se funde y las plantas se mueven, no hay duda: la Tierra se está calentando.

LA CAUSA
Los niveles más altos en 650.000 años

Una vez que existe la certeza de que hay calentamiento, los científicos pasan al espinoso tema de atribuir las causas. El problema es que hacer una atribución directa, al 100%, es científicamente imposible. Igual que es imposible decir que un cáncer de pulmón de un fumador se debe al tabaco, es imposible decir al 100% que una ola de calor se debe a la acción del hombre. Por eso, el IPCC apuesta por atribuciones como "muy probable" (que quiere decir que la atribución es superior al 90%), "probable" (más del 66%) o "tan probable como no" (33%-66%).

Y la principal causa son los gases de efecto invernadero: sobre todo dióxido de carbono, pero también metano y óxidos de nitrógeno, que se producen al quemar carbón, petróleo o gas. Es decir, al arrancar un coche o encender la luz. Estos gases se acumulan siglos en la atmósfera. Aunque dejan pasar la radiación solar hacia la Tierra, frenan la salida del calor que emite la superficie terrestre. Así calientan el planeta. A este efecto hay que restar el de las partículas. Éstas también procedentes de fábricas y coches y frenan la llegada de la radiación solar al planeta y lo enfrían. Teniendo en cuenta todos los factores que inciden en el balance energético, denominados forzamientos, predomina el calentamiento de los gases de efecto invernadero.

Un borrador señala: "La actividad humana desde 1750 ha muy probablemente extendido una red que calienta el clima Es muy probable que el forzamiento de los gases de efecto invernadero ha sido la causa dominante del calentamiento observado en los últimos 50 años en el mundo".

Estos gases de efecto invernadero son los que hacen habitables la Tierra, ya que si no sería demasiado fría, pero a los niveles actuales sus efectos son nocivos para el clima. "Los niveles alcanzados en la concentración de dióxido de carbono y metano exceden los valores de los últimos 650.000 años", señala el texto.

Los científicos pueden conocer la concentración en la atmósfera hace centenares de miles de años gracias a las perforaciones en el hielo de la Antártida. Allí han conseguido bloques de hasta 2.774 metros de profundidad y cada capa es la nieve de un año. El aire llena los huecos de la nieve y queda atrapado cuando esta se convierte en hielo. Las burbujas permiten saber cómo era el aire cuando se formó la nieve y en qué condiciones de temperatura se formó. Así, los científicos retroceden al clima del pasado. Si en 650.000 años la concentración de gases de efecto invernadero ha oscilado entre 200 y 280 partes por millón (ppm) ahora está en 379,1 ppm y en 50 años puede llegar a 500 ppm.

La concentración de metano ha oscilado en los últimos 11.500 años entre 550 y 750 partes por billón (ppb), pero ahora está en 1.777 ppb, el cambio más rápido en al menos 80.000 años. El ritmo actual de aumento de gases de efecto invernadero "no tiene precedentes en al menos 20.000 años".

"El calentamiento observado en todo el mundo en la atmósfera y el océano, junto a la pérdida de masa de hielo, conjuntamente, apoya la conclusión de que es altamente improbable (menos del 5%) que el reciente cambio climático global haya sido causado por la variabilidad natural del clima", afirma uno de los borradores. Los tres indicadores encajan con los modelos de predicción del clima suponiendo que hay cambio climático y no se explican sin el cambio climático.

La atribución del calentamiento al hombre es ahora mayor que en 2001, en el último informe. El texto señalaba entonces que había "pruebas nuevas y más convincentes de que la mayor parte del calentamiento observado durante los últimos 50 años es probable que se deba a actividades humanas". En 2001 los científicos fueron cautos y ahora lo consideran mucho más probable.

El informe de 2007 señala que el incremento de situaciones extremas -como sequías y olas de calor- "pueden ser atribuidas al cambio climático antropogénico", el producido por la acción del hombre. "Un grupo de evidencias cada vez mayor sugiere una influencia humana discernible en aspectos del clima como el hielo marino, olas de calor y otros eventos extremos, tormentas y lluvias", sostiene uno de los borradores.

Este es el punto más importante del nuevo informe, según los expertos consultados. Los científicos, tras revisar los muchos estudios de estos seis años han visto que el grado de atribución del cambio climático global al hombre es mayor que en 2001. Y es también el apartado que más incomodará a los gobiernos y que más intentarán cambiar o suavizar en el último momento.

LAS PREVISIONES
3 grados más en un siglo

Además de saber lo que ha pasado y por qué, el informe dedica un apartado a saber qué pasará. Allí apunta que "parte del calentamiento ya no puede ser evitado" y que "los efectos durarán siglos", según fuentes conocedoras del texto. Hay ya tantos gases de efecto invernadero y tantos en camino que hay una parte del calentamiento inevitable. Aunque ahora mismo se consiguiese estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero -algo que supondría reducir drásticamente la actividad mundial- debido a la inercia con la que responde el sistema climático, el aumento de la temperatura y del nivel del mar seguirá durante más de 100 años y para 2100 la temperatura aumentará 0,5 grados incluso estabilizando la concentración de dióxido de carbono. "Estabilizar los forzamientos radiactivos es un prerequisito para estabilizar el clima. Los cambios en el nivel del mar, circulación oceánica y casquetes polares continuarán durante siglos o más", afirma.

Aún así, el rango de temperaturas que dan los modelos para los próximos 100 años es bastante amplio. Los modelos de predicción del clima señalan un aumento de temperatura a final de siglo de "entre 2 y 4,5 grados, con el valor más probable de tres grados. Es muy improbable que el aumento sea menor de 1,5 grados. Valores por encima de los 4,5 grados no pueden ser excluidos".

En el anterior informe, el aumento de temperatura previsto para final de siglo era de entre 1,4 y 5,8 grados, aunque depende tanto de las emisiones, del aumento de población y de la política que se adopte respecto a la energía y el aumento de población... Las proyecciones de temperatura para el 2100 sin políticas para frenar el cambio climático indican un calentamiento de hasta 6,3 grados.

Las proyecciones indican un incremento del nivel de mar de 0,19 a 0,58 m para el 2100 sin políticas para frenar el cambio climático. Respecto al nivel del mar, los científicos reducen el rango que pronosticaron en 2001, cuando predijeron subidas de entre 9 y 88 centímetros. No obstante, aún existen incertidumbres sobre la pérdida de hielo en los polos, que aumentarían aún más el nivel del mar y que aún no pueden ser cuantificados.

La lluvia se distribuirá de forma desigual: en general aumenta y es lógico. Si hace más calor, el agua se evapora más y llueve más, pero la distribución no es homogénea. "Hay más certidumbre ahora que en 2001 sobre los patrones de lluvias con, en general, descensos en las regiones secas y aumentos en las húmedas", explica. España se sitúa en la zona con más descenso de lluvias.

Aunque parte de los efectos no pueden ser evitados, ahorrar energía es fundamental para minimizarlos.

Borsa d’habitatge a l’andorrana

• TRIBUNA Diari d'Andorra 22-12-2006

Carles Blasi Vidal, conseller general del PS

• El maig passat la ministra d’Habitatge va presentar, davant de la comissió legislativa de política territorial i urbanisme del Consell General, el reglament de creació de la borsa d’habitatge.
Aquesta era la segona de les accions d’aquest ministeri en matèria d’habitatge. Recordem que la primera, iniciada pel Govern anterior, consisteix a atorgar ajudes a persones amb uns ingressos inferiors als mínims que imposa el nivell de vida d’aquest país, per pagar lloguers de preus desorbitats.
Aquesta borsa d’habitatge pretenia “aconseguir que els habitatges de titularitat privada que es trobin desocupats siguin posats a disposició del mercat de l’habitatge de lloguer”. Principi que compartim des de l’Alternativa, però discrepem en la manera d’aconseguir-ho: la imposició als habitatges desocupats sembla l’única mesura capaç de situar aquests habitatges al mercat del lloguer, i en els casos que no s’aconsegueixi, permet a l’administració obtenir uns ingressos per destinar a altres mesures en aquest camp.
Semblava un petit –molt petit– canvi en aquesta política liberal de deixar fer el mercat, que tot ho regula, per passar a introduir mesures correctores que afavoreixin la conciliació de l’oferta i la demanda d’habitatges de lloguer, que, segons la ministra, és la situació en què es troba més del 70% de la població del Principat.
Passats sis mesos des de la creació de la borsa d’habitatge, i constatat el fracàs absolut d’aquesta mesura, el Govern ha modificat aquest reglament, i oblidant-se del principi que l’havia inspirat, segons l’exposició de motius del decret d’aprovació, “es pretén posar al mercat de lloguer pisos que actualment no s’hi troben”, ha suprimit l’obligatorietat d’haver estat desocupat durant els darrers sis mesos per als habitatges gestionats directament pels seus propietaris.
Així doncs, ara l’objectiu de la ministra d’Habitatge ja no és posar al mercat pisos desocupats. Ha passat a ser que la borsa arribi a tenir, a qualsevol preu, un nombre d’habitatges tal que pugui maquillar el seu fracàs. I el preu a pagar és el que s’estableix a l’article 6 del reglament: el Govern paga una assegurança que cobreix els desperfectes que el llogater pugui ocasionar a l’habitatge, i dotze mesos de lloguer en cas d’impagament. I per si no n’hi hagués prou, el Govern s’encarrega de la tramitació, la gestió i la redacció dels contractes i documents pertinents.
És ben evident que suprimir l’obligació que l’habitatge estigui desocupat per entrar a formar part de la borsa no suposa cap nou incentiu per als propietaris de pisos buits. Tot el contrari, pot comportar que alguns propietaris no renovin contractes amb els seus actuals llogaters per acollir-se als beneficis que aquest reglament atorga als propietaris.
Així doncs, aquestes mesures només afavoreixen, i cada vegada més, els propietaris. No hi haurà una disminució dels preus dels lloguers ja que no s’aconsegueix augmentar l’oferta.
D’altra banda, aquesta modificació del reglament també ha comportat la modificació dels barems de referència dels preus dels lloguers, que tot i que només són això, una referència, i que el preu del lloguer el fixa el propietari, és significatiu el seu increment. Per posar només alguns exemples: els preus s’han augmentat d’un 45% a Santa Coloma, d’un 35% a Encamp o d’un 40% a la Massana.
No és amb mesures com aquesta, maquillades amb discursos de sensibilitat social, que es resoldrà el problema de l’habitatge, perquè aquesta segona mesura s’ha convertit en una altra subvenció als lloguers cars. Uns lloguers que han arribat a aquests nivells a conseqüència d’unes polítiques en matèria urbanística i de refugi fiscal per a inversors estrangers –afavorint l’especulació– i de rotació dels residents que, com la mateixa ministra reconeixia, encareix el preu dels habitatges.

Retòrica 2020 per una realitat 2007

• Tribuna // Diari d'Andorra 19-12-2006


Eusebi Nomen

• Quatre segles abans de l’era cristiana, Aristòtil ja va divulgar en la seva fantàstica obra Retòrica que la persuasió d’un orador depèn de tres coses: el logos, l’argument lògic; l’ethos, que l’orador doni elements a l’audiència que li permetin ser percebut com algú amb autoritat en la matèria, com algú creïble, i el pathos, les emocions que l’orador és capaç de despertar en el públic.
Darrerament presenciem un interessant exercici de retòrica als auditoris comunals: la presentació del projecte Andorra 2020. La dosi de pathos, de despertar emocions, està garantida pels grans mitjans audiovisuals, amb les repetides imatges de signes d’Estat, de pastures de muntanya amb eugues i pollins, imatges aèries de boscos, serralades, ermites enfilades i tot el ventall d’elements que toquen el cor. El segon requisit de tot exercici de retòrica, l’ethos, la credibilitat del missatger, està cobert pel fet que el ponent principal és el mateix cap de Govern, que, a més, deixa ben clar que no hi pot haver cap dubte sobre el contingut del projecte 2020 perquè ha estat elaborat per McKinsey, una consultora internacional de primer nivell.
L’argument lògic del discurs és que Andorra està en crisi –i recordem que cap crisi a l’Andorra moderna havia coincidit amb períodes de bonança econòmica als estats veïns– i que per superar l’esgotament del model econòmic s’aposta per obrir el capital de les societats andorranes al 100% de capital estranger, que en acabat es posarà un impost directe a les societats i que finalment, quan es puguin signar convenis de doble imposició, s’aconseguirà obrir l’accés de les empreses andorranes al mercat exterior.
Però si estem convençuts que l’actual model d’economia domèstica està esgotat, el que caldria és passar a un model amb el qual des d’Andorra es pugui accedir als mercats internacionals. Passar d’un model de prestar serveis dins d’Andorra a un model de prestar serveis dins i fora d’Andorra. Efectivament, que per accedir a les activitats d’alt valor afegit les pimes andorranes puguin exportar serveis i cobrar royalties sense retencions. I per tant, sembla lògic que el primer que cal fer és aconseguir que les empreses andorranes puguin accedir als mercats exteriors i, després, ja veurem si cal obrir l’accés a la propietat de les societats andorranes. Exactament a la inversa del que es proposa en el projecte 2020, el qual planteja obrir de forma immediata la propietat de les societats andorranes i després ja veurem si aconseguim els convenis necessaris per obrir el nostre accés als mercats exteriors.
Analitzem els detalls del projecte 2020 per entendre millor el model econòmic que el Govern i McKinsey proposen per a Andorra. El quart punt d’Andorra 2020 està dedicat a la reforma fiscal, i diu que, en una primera fase, les societats andorranes tindran impostos directes i que, en una segona fase, està previst: aprovar acords de doble imposició, i adoptar les mesures necessàries perquè Andorra no figuri a la llista de paradisos fiscals.
Per establir un conveni per evitar la doble imposició, per exemple amb Espanya, el primer que ens cal és deixar de tenir una tributació nul·la, i aleshores, la Ley 2006 de Prevención del Fraude Fiscal ens diu: “Existe nula tributación cuando en el país o territorio de que se trate no se aplique un impuesto idéntico o análogo al impuesto sobre la renta de las personas físicas, al impuesto sobre sociedades o al impuesto sobre la renta de no residentes, según corresponda.”
De ben segur que McKinsey domina la legislació tributària espanyola, i si el Govern ens proposa el projecte Andorra 2020 és perquè considera que podem assumir aquestes mesures. Per tant, el projecte 2020 comporta, de forma implícita, que Andorra adopti un impost idèntic o anàleg al de la renda de les persones físiques (IRPF) d’Espanya, a més de l’impost de societats explicitat.
Amb relació a deixar de figurar a la llista de paradisos fiscals, la legislació 2006 espanyola s’ajusta als requisits de l’OCDE i se centra en la qüestió de l’intercanvi d’informació en matèria tributària: “Dejarán de tener la consideración de paraíso fiscal aquellos países o territorios que firmen con España un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria…”
Per tant, el projecte 2020 també comporta “la mesura necessària” de signar acords d’intercanvi d’informació en matèria tributària. Probablement aquesta sigui la raó que expliqui que al final del punt tercer del projecte 2020 es prevegi reforçar el marc legal amb les dues accions següents: reforçar els mecanismes de control (ex.: inspecció fiscal), i crear l’oficina de la propietat. ¿Cal entendre que els experts de McKinsey proposen una oficina de la propietat per reforçar el control fiscal intern de béns immobles, d’accions i altres propietats, i per poder intercanviar aquesta informació amb Espanya?
Queda clar que per accedir als mercats internacionals les nostres empreses necessiten convenis de doble imposició. I és clar que per signar aquests convenis cal que tinguem un nivell de tributació idèntic o anàleg, tant per IRPF com per societats. Requisits que semblen lluny de la realitat d’Andorra. Aleshores, quin sentit té començar per obrir les societats andorranes al capital estranger sense tenir assegurada la sortida de la llista negra de l’OCDE, de la llista de paradisos fiscals, o els convenis de doble imposició?
La resposta és ben clara: l’obertura a la inversió estrangera del projecte 2020 queda inicialment limitada a les mateixes activitats domèstiques del model econòmic actual. Això està en sintonia amb el punt 13 del projecte 2020, dedicat al Pla d’atracció de grans marques. S’aspira que grans marques posin les seves botigues a les avingudes comercials del país, ja que la inversió podrà estar a nom de la casa mare estrangera. S’aspira a unes avingudes amb establiments estrangers de grans marques, un petit passeig de Gràcia, com a element estratègic del nou model econòmic.
I anem a una Andorra sense més futur per als andorrans que la venda de les seves pimes/botigues a estrangers que seguiran fent activitats domèstiques. És aquesta l’Andorra que tots volem?
Si es vol “aprovar acords de doble imposició”, el lògic seria que el projecte 2020 explicités les mesures necessàries, com per exemple tenir impostos idèntics o anàlegs als d’Espanya en IRPF i en societats.
Però si McKinsey i el Govern estan convençuts que podrem signar convenis de doble imposició amb tan sols un impost de societats d’entre el 5 i el 10%, endavant! Que en primer lloc s’aprovi la llei de l’impost de societats i intentem signar convenis de doble imposició, tot mantenint la limitació actual al capital estranger. De fet, a l’hora de negociar un conveni de doble imposició, la llei d’inversions estrangeres molesta més que no ajuda. Efectivament, si la inversió estrangera està tancada, aleshores pot ser més senzill per a un estat veí signar un conveni amb nosaltres perquè no representem una amenaça real, ja que els estrangers no poden tenir el control de les nostres societats.
I si en aquestes condicions se signa el conveni de doble imposició, festa grossa! Aleshores qualsevol pime andorrana podrà finalment exportar directament serveis o cobrar royalties sense retenció. Per primer cop en la història s’obriria el mercat internacional per a les nostres empreses. I segons com anés l’experiència, ja parlaríem d’obrir la propietat de les societats andorranes al capital estranger, de forma progressiva i pensant en les persones que viuen a les Valls.
Però si resulta que McKinsey s’equivoca i calen impostos més “idèntics” o “anàlegs” als espanyols per signar convenis de doble imposició, quins andorrans acceptaran tal pressió fiscal? I, sobretot, quins inversors estrangers l’acceptarien? I si ningú no accepta aquesta alta tributació, de què ens haurà servit obrir prèviament la inversió estrangera? La resposta és clara: per poder vendre els negocis/botigues als estrangers, que continuaran limitats a fer les mateixes activitats econòmiques d’àmbit domèstic que es fan ara. I aleshores, vindrà un millor turisme i milloraran el comerç i els serveis financers? Vostè dirà.

La Proposta 4: Systématiser les procédures de démocratie participative

Afin que les démocraties puissent assumer leurs responsabilités face à la crise écologique, un des meilleurs moyens consiste à étendre l’expression démocratique. Nous proposons de recourir à des procédures de démocratie participative en soumettant systématiquement en amont au débat public toutes les grandes décisions nationales en matière de développement durable afin d’éclairer les choix des élus et de responsabiliser la société.
Lors des quelques expériences de démocratie participative menées jusqu’à présent, on a pu constater que des citoyens préalablement informés n’éprouvent aucune difficulté à prendre la mesure des problèmes et à proposer des solutions responsables.
Le débat public débouche sur un argumentaire. Mais il faut que le commanditaire, le pouvoir législatif ou exécutif, soit tenu de répondre publiquement à cet argumentaire, pour l’intégrer ou le réfuter. Nous proposons encore le suivi et la transparence qui va du vote d'une loi jusqu'à l'adoption des décrets d'application. Dans ces conditions le débat public permettrait de faire vivre la démocratie, responsabilisant politiques et citoyens, et contribuant à la détermination de l’intérêt général.
La mise en œuvre du développement durable devrait donc être systématiquement précédée par des débats publics dont l’organisation serait confiée à la Commission nationale de débat public (CNDP).
Tous les projets de lois concernant nommément le développement durable, ou affectant profondément l’une de ses dimensions, donneraient lieu automatiquement à une saisine de la CNDP.
Les débats ouverts permettraient la remontée de propositions « par le bas » sur des questions qui concernent tous les citoyens et qui constituent les principaux enjeux de notre temps.

L’exécutif et le législatif pourraient alors prendre leurs décisions en connaissance de cause.

Les choix finaux relèveraient toujours de la responsabilité du politique, fondement de notre démocratie

L'EVOLUCIÓ DEL PODER ADQUISITIU AL PRINCIPAT

CONCLUSIONS DE L'ESTUDI SOBRE L'EVOLUCIÓ DEL PODER ADQUISITIU AL PRINCIPAT PER L'ECONOMISTA CARLES TORRES

La taxa de famílies propietàries d'Espanya triplica la d'Andorra

1. • La situació causa una gran vulnerabilitat a una important capa de la població
2. • El salari mínim s'hauria de fixar en els 1.014 euros en lloc dels 839 actuals


ENRIC GUINART
ESCALDES-ENGORDANY
El Periòdic d'Andorra 9-12-2006

AEspanya, el 82% de les famílies són propietàries del seu habitatge, mentre que s'estima que a Andorra només tenen aquesta possibilitat el 30% dels habitants, i a Europa la mitjana és del 60%.
Aquesta és una de les conclusions principals a què arriba l'estudi elaborat per l'economista Carles Torres a petició del Centre de Recerca Sociològica (Cres), en què analitza l'evolució del poder adquisitiu d'Andorra de l'any 1997 al 2005. La dificultat que tenen els andorrans per comprar un habitatge amb relació al país veí genera una situació que, segons Torres, crea una gran vulnerabilitat a una important capa de la població, que perd l'oportunitat de formar un patrimoni immobiliari que actuï de protecció durant la jubilació. Igualment, l'elevat esforç per adquirir un habitatge es constata en el fet que el 2005 l'esforç salarial per esdevenir propietari era de 21 anys a Andorra i de 12 anys a Espanya. L'estudi també emfatitza que una parella amb ingressos mitjans no es pot permetre comprar un habitatge qualificat com a mitjà ja que hauria de destinar el 70% del salari conjunt a pagar la hipoteca. És a dir, en l'actualitat una parella resident al Principat necessitaria uns ingressos de més de 60.000 euros anuals (quasi el doble de la mitjana) per comprar un habitatge d'aquest tipus. En aquest sentit, l'anàlisi de
Torres remarca que l'increment del cost de l'habitatge ha suposat un augment de la despesa de les llars més pobres en una proporció més gran d'allò que calcula l'índex de preus al consum (IPC) i, per contra, se n'han beneficiat els propietaris d'habitatges, que han vist que s'alçava el seu patrimoni, i en conseqüència, "s'ha incrementat la desigualtat en la distribució de la renda i de la riquesa".
SALARI MÍNIM INSUFICIENT Una altra de les conclusions de l'estudi és que el salari mínim és insuficient per garantir la independència econòmica d'una persona. L'economista explica que si només es volgués retornar el poder adquisitiu que tenien els ciutadans l'any 1997, el salari s'hauria d'apujar fins als 1.014 euros mensuals, mentre que en l'actualitat aquesta renda està fixada en 839 euros al mes. L'informe exposa que els salaris més baixos han perdut poder adquisitiu els últims vuit anys. Així, el que cobrava un salari mínim l'any 1998 gastava el 30% dels ingressos en el lloguer més baix del mercat, i en l'actual hi ha de destinar més del 50% del salari. El desembre del 1997, la retribució mínima per treballador era de 654 euros, mentre que el lloguer d'un pis d'una habitació costava un mínim de 210 euros mensuals. Avui, la renda mínima és de 839 euros i un pis equivalent costa 450 euros i, per tant, el saldo que quedava després de llogar el pis al 1997 era de 444 euros i ara és de 389 euros. Però, a més, si es té en compte la inflació dels últims vuit anys (27%), 444 euros del 1997 equivalen a 564 euros de l'actualitat. I en conclusió, la pèrdua de poder adquisitiu es concreta en 175 euros al mes.
eguinart@andorra.elperiodico.com

• TRIBUNA Diari d'Andorra 8-12-2006
Llàgrimes innocents
Tomàs Pascual Casabosh

• Dimarts passat a la tarda el meu fill petit de menys d’un any va plorar perquè va notar que jo, el seu pare, amb un to de veu neguitós, li explicava a la seva mare una situació que he viscut injusta... els culpables ja es trobaran en el seu pas per la vida amb allò que en l’àmbit personal han provocat...
Ara són passades les sis del matí quan escric aquestes línies i el que no em deixa dormir no són precisament les hipotètiques acusacions de certs companys de partit sobre el que es van trobar escrit en un bloc d’Internet, o dir-me que jo no he de fer declaracions públiques, i ni tan sols la propera petició d’expulsió que m’han advertit que formularan a l’executiva per fer ús de la meva llibertat d’expressió –tan prevista a la nostra Constitució– en dir que no estic content dels enganys electorals de certes persones electes. Si no dormo és a causa de l’acte d’alta traïció de la persona sobre qui jo he publicat sempre que adoro i aprecio com a amic, i sempre li he estat fidel. Per tenir amics així crec que seria menys perillós fer de kamikaze en qualsevol guerra.
A part que se’m va amenaçar de posar-me “denúncies” legals, se’m va comentar que potser em penso que sóc el més llest pel fet d’escriure a la premsa, em van dir que “ningú es imprescindible” i que jo no sóc el “salvador” de ningú, i se’m va “advertir” que en el consell de ministres vinent es comentaria l’existència d’un bloc a Internet. Espero que això últim sigui una fanfarronada perquè a tots els països del món existeixen aquests blocs, i són necessaris, i els veritables polítics no s’hi fiquen, ja que normalment s’actua des de l’anonimat més covard, i crec que l’únic lloc adequat per a les tribunes obertes signades pels ciutadans és la premsa, ràdio i televisió.
He trucat al meu amic Eduard, el qual m’ha donat bons consells i malgrat que no els puc seguir tots ho agraeixo ara i per sempre. Després, a part de comentar la situació a persones també de la meva confiança, he contactat amb el meu cònsol, el qual s’ha sorprès que ara alguns membres del comitè parroquial del PLA d’Escaldes-Engordany actuïn com a Tribunal de Corts. A ell ja l’havien convidat a assistir a l’exposició de la meva execució política... però evidentment sent ell un veritable polític no hi va anar.
El cònsol, sorprès, de seguida em va preguntar quin problema tenen els meus escrits, i s’oferia a intervenir en el tema, però, evidentment, jo agraint-li el seu noble gest, li vaig dir que el trucava com a amic, no com a polític, que només li volia fer veure el que ens podríem esperar amb alguns dels grans aprenents de politiquets que tenim al país... i que vull viure el que lliurement decidirà l’executiva sense cap influència. Si realment se m’expulsa, faré dotzenes de fotocòpies a color del comunicat i sempre portaré una còpia dins el meu passaport com a salconduit per a qui sap què... Espero intrigat la decisió, mentre guardo l’escrit per a quan el meu fill tingui els seus 18 anys i vulgui exercir el seu lliure dret a vot, i pugui comparar la meva època amb la seva, que espero que sigui millor. Ara, amb el que li hauré d’explicar, ja veieu el que sembren alguns hereus del caciquisme a anys vista.

I si finalment poguéssim signar?

Diari d'Andorra 4-12-06


• Tribuna

I si finalment poguéssim signar?

Eusebi Nomen

• Trobem un article de promoció-divulgació d’Andorra a la revista European Business. Destaquem dos dels missatges recollits en aquest article de divulgació: el primer es pot traduir com que cal renovar el comerç i el turisme andorrà, ja que el diferencial de preus s’ha reduït de manera dramàtica i el turisme ha de competir amb destinacions més barates. El segon missatge arriba directament de boca del nostre cap de Govern, i diu: Pintat té la confiança que les reformes portaran Andorra per un nou camí, atraient inversions estrangeres en alta tecnologia i altres sectors, com ara els casos d’Irlanda, Luxemburg i Suïssa […] “Les noves tecnologies i els sectors d’alt valor afegit poden ser una part important del nostre futur. Geogràficament i institucionalment –amb el nostre dret romà, seguretat i una base impositiva baixa (zero en el cas de l’IRPF)– estem ben posicionats per disparar el nostre PIB de l’actual nivell de creixement del 2%.”
Per tant, el primer que caldria és que Andorra estigués a la mateixa posició estratègica que Irlanda, Luxemburg o Suïssa. Deuen recordar que fa uns anys l’OCDE va emprendre una campanya per eliminar les pràctiques fiscals perjudicials. Els dos països sota més pressió aleshores eren Suïssa i Luxemburg. Andorra es va posicionar en el nucli dur de països no cooperatius amb el projecte, en una acció tendint a fer costat a Suïssa i Luxemburg i els seus models econòmics. Uns quants anys després d’aquestes accions ens trobem que Suïssa, amb una excel·lent política pública i una millor negociació amb l’OCDE, ha passat l’examen, se la considera lliure de pràctiques fiscals perjudicials i, actualment, és de llarg la millor plataforma per actuar arreu del món. De fet, el model d’acord d’intercanvi de dades fet per Suïssa li permet seguir amb el seu secret bancari i ser la millor seu per a activitats globals. És un referent.
La nostra realitat és ben diferent. Pel camí, Andorra s’ha empantanegat, no ha sabut sortir de la posició inicial de la llista negra de països no disposats a col·laborar i s’ha quedat fora del joc de les plataformes internacionals d’alt valor afegit.
Fem un breu incís per recordar que la pertinença a la llista de l’OCDE vol dir que es tracta d’un país que no col·labora en el projecte d’eliminar les pràctiques fiscals perjudicials, i els països que estan en aquesta llista poden ser objecte de mesures defensives per part dels estats membres de l’OCDE. Per sortir de la llista negra de l’OCDE cal signar una carta de compromís segons la qual es treballarà plegats per establir un sistema d’intercanvi de dades.
Aquesta llista de l’OCDE no s’ha de confondre amb la llista de paradisos fiscals que elaboren unilateralment alguns països. La pertinença a aquesta darrera comporta una sèrie de limitacions en els fluxos mercantils i financers, com ara les retencions en origen dels pagaments de serveis, cànons, interessos, dividends... o la verificació dels preus de les mercaderies, entre d’altres. Per sortir de la llista espanyola de paradís fiscal, per exemple, cal signar un conveni bilateral per evitar la doble imposició internacional que inclogui una clàusula d’intercanvi d’informació. És clar que per poder signar un conveni de doble imposició el primer que cal és tenir imposició, i Espanya exigeix que l’altre país tingui un impost anàleg al seu sobre la renda de les persones físiques (IRPF) o el de societats.
Mentre Andorra estigui a la llista negra de l’OCDE està en una posició massa vulnerable perquè un inversor seriós, d’alt valor, pugui mantenir una inversió a Andorra sense tenir problemes amb les autoritats de casa seva, o amb les dels seus clients. Ja hem vist els resultats de l’obertura del sector bancari a la inversió estrangera. De fet, el que hem presenciat és la desinversió de vells companys de viatge d’Andorra com ara La Caixa o BBVA.
Durant la recent celebració del desè aniversari de l’OMPA, la ministra Mateu, preguntada sobre quina base preveu que empreses innovadores vinguin a Andorra si estan subjectes a retencions per obligació real en els cobraments de royalties, ens va contestar que estava previst que “la llei d’inversions estrangeres, òbviament, anirà seguida d’una llei sobre l’impost de societats”. I va revelar una informació nova per a la gent del carrer: que el primer que el Govern va fer va ser mantenir unes converses prèvies amb els governs d’Espanya, França i Portugal per veure els passos que calia seguir per establir convenis de doble imposició. Declaracions que estan en línia amb les recollides a la revista European Business, sobre la baixa (que no nul·la) tributació de societats a Andorra.
Les coses es van aclarint. Estem davant d’una política pública per fascicles: en primer lloc, hi ha unes trobades amb els governs d’Espanya i França per veure quina imposició directa a Andorra permetria convenis de doble imposició –fascicle 0, que no es va publicar–. El fascicle 1 està format per la Llei de societats, la Llei de comptabilitat i la Llei d’inversions estrangeres. Aquest fascicle porta annexat tot un seguit d’accions de comunicació sobre els beneficis d’obrir l’economia andorrana a la innovació, al valor afegit, a les tecnologies, com hem vist aquest cap de setmana. Ja se sap que el primer fascicle ha de ser molt atractiu, ja que qui el compra, normalment, es queda amb tota l’enciclopèdia.
Però, com ja vam avançar en anteriors articles, i ara ja es reconeix obertament, el projecte d’innovació que es planteja no es pot aguantar sense imposició directa. I en la conferència de dimecres passat davant del Col·legi d’Economistes, la ministra Mateu va anunciar que el segon fascicle, consistent en la Llei de l’impost de societats, ens arribarà el 2007.
Per signar un conveni per evitar la doble imposició internacional, més conegut com a conveni de doble imposició, hem constatat que Espanya exigeix un nivell anàleg de tots els impostos directes, i un mecanisme d’intercanvi de dades. Per tant, ens podríem trobar amb futurs fascicles, consistents en una llei de l’IRPF o en mecanismes d’intercanvi d’informació fiscal.
Atesa la transcendència del que està en joc, és aconsellable asserenar les aigües. Ara se’ns obre un camí alternatiu al de la política pública per fascicles. Podem replantejar l’estratègia global davant dels recents esdeveniments dins l’OCDE i, sobretot a causa del fet que ara existeix el perfecte model, que Suïssa ha sabut establir. Podem seguir aquest model d’èxit de l’amic alpí, a qui vam fer costat quan ho va necessitar.
Efectivament. Hem constatat que el principal requisit que marca l’OCDE per sortir de la seva llista negra és tan sols signar una carta de compromís per la qual estem disposats a treballar plegats per establir mecanismes suficients per a l’intercanvi de certes dades fiscals. I per a aquesta negociació tenim el referent, perfectament assumible, del model d’intercanvi de dades de Suïssa.
Estem a temps de revisar aquesta política pública per fascicles, i fer-ho des d’una perspectiva que permeti veure tot l’abast del projecte. Ara Andorra té la possibilitat que hem estat esperant durant anys. Tenim l’oportunitat de sortir de manera elegant de la llista negra, signant un compromís amb l’OCDE sobre la base de l’excel·lent model suís.
Un cop estiguem fora de la llista negra –i ja se sap que si es desperta el tigre, és millor estar fora de la gàbia– podrem desenvolupar sense pressions el millor marc per crear societats d’innovació i obrir l’economia andorrana de manera prudent, progressiva i pensant en les necessitats de les nostres persones. I de ben segur que, aleshores, el marc impositiu es podria plantejar de manera ben diferent i força innovadora.

Ho farem també a Andorra ?

EL PAÍS, 3 desembre del 2006

El Gobierno subirá el impuesto a los coches potentes para frenar las emisiones de CO2
Hacienda bloquea las iniciativas de Medio Ambiente para gravar residuos, agua y electricidad

Los coches de más de 2.500 centímetros cúbicos y los todoterreno pagarán más impuesto de matriculación. Así lo establece la reforma preparada por el Gobierno. Esta es la única medida decidida en la anunciada "reforma fiscal verde". Hacienda se resiste a esta tributación y ha frenado las iniciativas de Medio Ambiente para gravar más el agua, la eletricidad y los residuos.

La reforma fiscal verde que desde hace un año anuncia el Gobierno se centra en un cambio en el impuesto de matriculación para que los todoterreno y los coches más potentes -los que más contaminan- paguen más. El resto de las iniciativas

(como gravar los residuos, el agua y la electricidad) acordadas por cuatro grupos de trabajo de los ministerios de Economía y Medio Ambiente no saldrán adelante por las pegas de Hacienda. Y ello pese a que el PSOE ha votado en el Congreso por una fiscalidad ecológica.

"El Gobierno está preparando una reforma fiscal del automóvil para combatir el cambio climático", según explicó el viernes en el Congreso Nacional de Medio Ambiente el secretario general para la Prevención del Cambio Climático de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri. El proyecto del Gobierno, pactado entre Hacienda y Medio Ambiente, es crear un nuevo tramo más alto en el impuesto de matriculación para los todoterreno y los coches más potentes.

Actualmente, el impuesto de matriculación de los coches depende de la cilindrada. Los coches diésel con menos de 2.000 centímetros cúbicos pagan un 7% del precio inicial y los mayores, un 12%. La intención del Gobierno es crear un tercer tramo para los todoterreno y los coches de más de 2.500 centímetros cúbicos, que pagarán el 17%. Para un todoterreno de 21.000 euros, el aumento de precio sería de 1.200 euros.

El Gobierno pretende reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del transporte, que están disparadas y no sujetas a ninguna restricción. Las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte han crecido más del 80% desde 1990 y son responsables en gran medida de que España sea el país industrializado que más se aleje del Protocolo de Kioto. La intención del Gobierno es desincentivar la compra de estos automóviles muy contaminantes o, al menos, que el que contamine, lo pague. Además, pretende dificultar la importación de estos coches muy potentes y todoterreno, que mayoritariamente se fabrican fuera de España.

El Gobierno también subirá el impuesto de los coches diésel y lo igualará al de gasolina. Tradicionalmente, el diésel estaba favorecido por el uso profesional de estos vehículos. Ahora, Hacienda considera que no es necesario favorecerlo tras pactar la creación de un gasóleo profesional con menos impuestos. Las ventajas fiscales del diésel han disparado la venta de estos vehículos, que han pasado de suponer el 12,8% del total en 2001 al 65,1% en 2004. Esto ha causado que las importaciones de gasóleo se hayan multiplicado y que las refinerías no den abasto mientras sobra gasolina. Además, el diésel emite más partículas y contamina más en las ciudades que la gasolina. Al igualar el impuesto de matriculación, el Gobierno pretende igualar poco a poco las ventas. También estudia, aunque no está decidido, rebajar algo el tramo menor para que no todo sean subidas de impuestos.

La patronal del automóvil se opone a esta reforma y pide que los coches paguen impuesto en función del CO2 que emitan. Ésta sería la situación más justa, porque actualmente dos coches con la misma cilindrada pagan el mismo impuesto aunque uno emita mucho más que otro. El Parlamento Europeo ha pedido que los impuestos dependan de las emisiones, porque es la forma de incentivar más el desarrollo tecnológico de ahorro de emisiones. El Ministerio de Industria se ha sumado a la tesis de los fabricantes, pero Hacienda ha contestado que no es posible. El problema que esgrime es que la recaudación del impuesto de matriculación está cedida a las comunidades autónomas. Para cambiarlo de la cilindrada a las emisiones habría que pactarlo con las autonomías, algo difícil, ya que esa reforma podría bajar la recaudación. Sin embargo, al crear un nuevo tramo más alto para los todoterreno, la recaudación será siempre mayor, por lo que las comunidades deberían apoyar el cambio. La reforma también gravará las motos de agua y los quads (motos de cuatro ruedas), que actualmente están exentos.

El grupo de trabajo formado por Hacienda y Medio Ambiente recomendó todos estos cambios hace ya un año, pero Hacienda guardó sus conclusiones en un cajón. Y eso pese a que el PSOE se comprometió en su programa electoral a elaborar "una Ley de Bases de Fiscalidad Ecológica". Además, una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2007 introducida por Izquierda Verde y votada por el PSOE exige al Gobierno que "a lo largo del ejercicio presupuestario de 2007 incorpore, a través de las reformas normativas necesarias, elementos de fiscalidad verde utilizando las figuras fiscales actuales o creando nuevas figuras".

Sobre el papel está clara la intención del Gobierno de aplicar el principio de quien contamina paga. Pero en la práctica es otra cosa. Como explica el subdirector de Impuestos Especiales de Hacienda, Alberto Cornejo, "no sería la primera vez que el Gobierno incumple un mandato del Congreso". Cornejo hizo una exposición sobre el tema en el Congreso Nacional del Medio Ambiente en el que, quizá pensando que no había prensa, se expresó con una claridad poco habitual: "La decisión es que no hay ninguna decisión, hacer estudios y esperar", "cuando se cambian los impuestos hay un coste político", "la fiscalidad ecológica se defiende desde la oposición, pero desde el Gobierno se hace muy difícil, por no decir imposible".

Pese a esta chocante exposición, que contradecía declaraciones previas, fuentes del Gobierno insisten en que hay acuerdo con Hacienda para cambiar la reforma del automóvil en el primer semestre de 2007 y aplicarla en 2008. El diputado de Izquierda Verde Joan Herrera considera "muy insuficiente que la reforma fiscal verde tan anunciada se limite al impuesto de matriculación, algo que tenía que estar hecho hace un año". Por el momento, la única iniciativa del Gobierno ha sido suprimir las deducciones fiscales que tenían las empresas por inversiones en medio ambiente.

RESIDUOS. Sin ley de coordinación

Hace un año, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció que la reforma fiscal verde iba a ser "la mejor herramiento en la lucha en favor del medio ambiente". Narbona afirmó que esta reforma paliaría el modesto incremento del presupuesto de su departamento en 2006. Medio Ambiente y Hacienda cerraron cuatro grupos de trabajo.

Uno de lo grupos "consideró viable" que el Gobierno hiciera una ley de coordinación para gravar los residuos y que paguen más las empresas que más residuos generan. Como ya lo hacen algunas comunidades autónomas, la ley serviría para aunar criterios y que las autonomías lo pudieran imponer o no. Fuentes de Hacienda afirman que no habrá tal ley.

AGUA. No en esta legislatura

La directiva Marco del Agua obliga a que los consumidores paguen el precio real del agua, incluyendo los costes ambientales, a partir de 2010. Esto en España supondría elevar el recibo doméstico un 30%, según anunció una economista del Ministerio de Medio Ambiente y según recomendó el grupo de trabajo Economía y Medio Ambiente.

Pero quedará para otro momento. El precio del agua lo fijan los ayuntamientos y es muy complicado dirigirlo desde el Gobierno. Además, el agua desalada ya ha obligado a subir el precio en Murcia y Alicante, y el Gobierno no quiere más reyertas políticas por este motivo. Medio Ambiente ya intentó en 2004 imponer un canon por el uso de agua a agricultores, campos de golf, hoteles y consumo, y el Ministerio de Agricultura logró pararlo.

ELECTRICIDAD. Tramos por obligación

Otra propuesta de los expertos del Gobierno era establecer tramos en la tarifa eléctrica y, según algunas fuentes, reducir la parte del recibo que va a subvencionar el carbón. La idea es que no pague lo mismo el dueño de un palacete con calefacción eléctrica o una familia con consumo moderado, ya que la primera contribuye mucho más al cambio climático.

Al final, Industria opta por un camino intermedio. El recibo subirá en 2006 lo mismo que la inflación para los 135.600 consumidores con menos potencia instalada y más para el resto. Además, las autonomías podrán imponer un recargo. Pero las razones que han llevado a tomar la decisión no ha sido el cambio climático, sino mitigar la deuda galopante del Gobierno con las eléctricas del llamado déficit de tarifa.